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El artículo 7° de la Ley de Subvención Escolar Preferencial establece que uno de los compromisos esenciales del Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa es presentar al Ministerio de Educación y cumplir un Plan de Mejoramiento Educativo elaborado con la comunidad del establecimiento educacional, que contemple acciones desde el NT1 en la educación parvularia hasta octavo básico en las áreas de gestión del currículum, liderazgo escolar, convivencia escolar o gestión de recursos en la escuela.Por su parte, el artículo 6° señala que, para impetrar el beneficio de la Subvención Escolar Preferencial, los sostenedores deberán cumplir con una serie de requisitos y obligaciones, entre ellos el establecido en la letra e) de dicho artículo:

“Destinar la subvención y los aportes que contempla esta ley a la implementación de las medidas comprendidas en el Plan de Mejoramiento Educativo, con especial énfasis en los alumnos y/o alumnas prioritarios(as), e impulsar una asistencia técnico-pedagógica especial para mejorar el rendimiento escolar de los alumnos y/o alumnas con bajo rendimiento académico”.

El Plan de Mejoramiento Educativo adquiere a través de estos preceptos, por primera vez, el carácter de instrumento público, reconociéndose desde las instancias político-técnicas del sistema escolar que todo esfuerzo por obtener calidad en los establecimientos supone ciertas condiciones y características básicas que posibilitan el logro de resultados y que el Plan de Mejoramiento es el mecanismo a través del cual ellos pueden incorporar estos elementos en su gestión escolar.

Junto con este reconocimiento explícito del Plan de Mejoramiento como instrumento de planificación, organización y ejecución de acciones con impacto en los resultados educativos, se hace evidente además el carácter continuo de esta tarea, toda vez que, mejorar los procesos y resultados escolares significa introducir a la organización en un permanente y progresivo esfuerzo humano y profesional por elevar la calidad y eficacia de la enseñanza, la calidad de las condiciones materiales y organizativas para la labor educativa y la calidad de los aprendizajes de todos los estudiantes.

La ley establece al respecto un primer período de cuatro años para la ejecución de los planes que corresponde al período de vigencia del Convenio de Igualdad de Oportunidades. En este período cada establecimiento incorporado a la SEP deberá dar cuenta del avance en los siguientes ámbitos:

  • Cumplimiento de las Metas de Efectividad
  • Mejoramiento de la enseñanza y el aprendizaje en los sub-sectores que se abordarán progresivamente durante la vigencia del convenio
  • Cumplimiento de las metas de aprendizaje formuladas
  • Cumplimiento de las acciones para la mejorar los aprendizajes que se han propuesto
  • Cumplimiento de las acciones para mejorar la gestión institucional que se han propuesto.

Todo lo cual se deberá reportar a través de un sistema de monitoreo de las acciones y cumplimiento de metas que cada establecimiento incluirá en su plan y que se constituirá en la herramienta de interlocución con el Ministerio de Educación u otro organismo que en el mediano plazo cumpla la función de supervisión y evaluación de la calidad del sistema escolar.

Pues bien, evidentemente esta Ley ha incorporado interesantes elementos para producir o al menos avanzar en la producción de calidad. Uno de ellos, como se desprende de las disposiciones que establece esta Ley es la renuncia que hace el Estado a tomar decisiones sobre el uso de los recursos, entregándole a los sostenedores y sus escuelas la responsabilidad de determinar cantidad, calidad y pertinencia de lo que decidan adquirir. Han pensado ustedes lo que esto significa…o mejor dicho, se imaginan lo que puede significar para un director que en el mejor de los casos administró hasta hace algunos años lo que provenía del aporte del centro de padres o del kiosco escolar, o bien de alguna que otra parte ínfima de la subvención de mantenimiento y hoy debe decidir qué hacer con 20, 30, 50 o más millones de pesos en un año. Todos deberíamos decir “MARAVILLAS”…si nuestras escuelas son capaces de serenarse desde la primera impresión que ha provocado esta situación y tienen la templanza e inteligencia necesaria para enfrentar el vendaval de ofertas de toda clase, que por ejemplo hoy tiene a nuestros establecimientos llenos de espectaculares adminículos y artefactos tecnológicos que muy pocos saben cómo utilizar y que pareciera que por sí solos producen calidad. Entonces y solo entonces, creo que será posible cantar victoria, por ahora me sumo entusiasta a la tarea de cambiar pizarras interactivas por profesores interactivos, softwares para enseñar a pensar por salas en las que los alumnos junto con sus maestros piensan y reflexionan, menos hipertextos y más contextos eficaces para enseñar y aprender, más cultura en las escuelas, más horas para el buen trabajo docente, menos parafernalia y más decisión pedagógica, si alguien quiere acompañarme bienvenido sea…en estos días de escasez no podemos dejar que se pierda un peso más en banalidades educativas.

El plan de mejoramiento es sin duda la promesa más importante que las escuelas han hecho en el último tiempo a sus comunidades educativas, les prometieron que cada estudiante podría entender mejor lo que lee, trabajar con mayor certeza con los números, convivir mejor, los directivos se comprometieron a conducir con más capacidad técnica a sus escuela, a administrar con ecuanimidad y eficiencia sus recursos, etc, etc, etc. Una promesa además que por primera vez cuenta con un apoyo sustantivo del Estado, que aun cuando no ha estado exento de imprecisiones, lo más sustantivo no es lo que figura en tal o cual página web, sino más bien lo que cada escuela haya asumido como un compromiso de calidad con sus estudiantes y familias. De buenos diseños está plagado el reino de los cielos, lo complejo es llevar a cabo cada una de las acciones y asegurarnos que al menos hemos dado en el clavo con algunas de ellas.

Hoy que enfrentamos la etapa de cierre de un primer período de ejecución de esta Ley, es necesario prepararnos para un buen balance, sincero, descarnado, técnico, político. Un balance que nos diga por ejemplo que cambió en forma sustantiva en las escuelas; sabemos que hay más textos, más tecnología, más capacitación, más extensiones horarias, más apoyo educativo, más profesionales que intervienen en la escuela…¿habrá más docentes que aplican un método específico para enseñar a leer y que les esté resultando?, otros que lo hagan en matemática o ciencias, ¿habrá más directores que conducen reuniones técnicas con sus docentes?, ¿más sostenedores que se hayan acercado a sus escuelas?, ¿más supervisores que no solo “bajen la línea”?.

Es evidente que la etapa que viene estará llena de contradictorias señales y anuncios, donde la Ley de Subvención Escolar Preferencial será para unos y otros la piedra angular o la piedra atada al cuello en el precipicio, lo cierto es que los recursos en educación pueden ser el principal freno a la calidad si no se ejecutan en un marco adecuado de institucionalidad y gobernabilidad. Institucionalidad para garantizar un uso autónomo orientado a la calidad del sistema, gobernabilidad para equilibrar la participación en las decisiones de los distintos actores que intervienen en la calidad educativa. Ninguna de estas dos premisas está asegurada hoy en día, la mayoría de los recursos están en manos de un sistema municipal en quiebra o en la de sostenedores privados con intereses privados y no públicos, y las decisiones que se han tomado en su mayoría no cuentan con la concurrencia de importantes actores educativos. En este río revuelto no sorprenderán entonces los simplones análisis de semáforos, o las alusiones desproporcionadas a los resultados del SIMCE. Más aun, la multimedia oficial y opositora tratará de convencernos que esta Ley ha sido exitosa, sin reparar en que en lo sustantivo en las escuelas no ha cambiado nada, nada de lo que es necesario cambiar para que nuestros niños y jóvenes aprendan, pues recién ahora, después de cuatro años de llenar un formulario en la web podríamos comenzar a hacer las cosas como se debe, poniendo “los bueyes delante de la carreta”, con políticas locales orientadas al aula y la escuela, con acuerdos básicos de gobernabilidad y complementariedad entre escuelas y sostenedores para invertir en calidad, con comunidades educativas empoderadas en la responsabilidad de asumir su autonomía ahora que las decisiones técnicas no dependen del Ministerio, con directivos y docentes decididos a caminar sobre “el empedrado” aunque trastabillen, sin culpar a la familia u otro factor, sino más bien integrándola en su quehacer.

Los cambios sustantivos son en primera instancia de carácter cultural, posteriormente técnico y por último políticos; sino imagínense lo que está pasando en nuestras calles hoy con más de 200.000 personas movilizadas, evidentemente esto es la señal de una transformación cultural que grita por que se hagan las cosas de una manera radicalmente distinta, “de la periferia al centro” y que como siempre recién tendrá eco político cuando la solución técnica deje conforme a “todas” las partes.

Sep o no Sep